Firma Congreso Convenio de Colaboración con el Instituto Marakame.

Las y los diputados logran que la atención a adicciones y problemas de salud mental sea a menor costo.
Para que las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de conducta alimentaria y ludopatía o juego patológico que sean canalizadas a través del Congreso del Estado y reciban tratamiento en Marakame a un precio accesible, la Trigésima Tercera Legislatura firmó un Convenio Específico de Colaboración con el Instituto.Para que el internamiento a bajo costo sea aplicable, la solicitud debe ser por medio de un diputado o diputada al Instituto Marakame, quien realizará previa valoración médica y psicológica, siendo atendidas por personal profesional capacitado con experiencia en el ámbito psicológico, médico y nutricional, en beneficio de la salud mental.
Al respecto, el diputado presidente Sergio Arturo Castillo Alfaro, indicó que, como representantes populares, unen esfuerzos en el combate de las adicciones “las diputadas y los diputados tenemos un subsidio, una beca, un descuento para que las personas que tienen esta necesidad de atenderse por problemas de alcohol, de drogas, pues a través de las diputadas, los diputados puedan tener ese beneficio”.A su vez, Castillo Alfaro anunció que, la próxima semana, se tendrá la semana del combate de las adicciones, “será una semana donde nosotros junto con ustedes ciudadanos queremos reflexionar sobre este tema, habrá un centro de acopio para que ustedes nos puedan donar medicamentos para el Marakame”.
En el documento signado por el presidente del Congreso, diputado Sergio Arturo Castillo Alfaro y la directora General del Instituto Marakame, Ana Dafne Almanza Zambrano, también se estableció que el centro Marakame promoverá al interior del Congreso del Estado los servicios que ofrece, realizarán conferencias, talleres y pláticas sobre las adicciones, trastornos de conducta alimentaria o juego patológico, pudiéndose gestionar apoyos económicos que sean solicitados por las personas que no cuentan con la solvencia económica para poder pagar el tratamiento residencial.

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