Reciben diputadas y diputados informe del Poder Judicial.

Representa la oportunidad de conocer el estado que guarda la administración e impartición de Justicia”; diputado Castañeda Rangel
Tepic, 04 de septiembre de 2025.- Cumpliendo con lo que establece el artículo 86 de la Constitución local, así como del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente del Congreso del Estado de Nayarit, diputado Salvador Castañeda Rangel, recibió de manera formal el Informe de Actividades correspondiente al periodo 2024–2025, de manos de la magistrada Aracely Avalos Lemus, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al recibir el documento, el legislador hizo referencia a que como representantes del pueblo realizarán un análisis de las acciones en la impartición de justicia, remarcó: “este Honorable Congreso del Estado de Nayarit se congratula con este ejercicio de rendición de cuentas que representa para todos nosotros la oportunidad de conocer el estado que guarda la administración e impartición de Justicia en la entidad”. En su oportunidad la magistrada presidenta, Aracely Avalos Lemus, explicó que el resultado del informe se basa en el trabajo realizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados de primera instancia, órganos internos y más de 1,150 servidoras y servidores judiciales. “Se reporta un cumplimiento del 68 por ciento de las líneas estratégicas, un avance del 29 por ciento y un 3 por ciento pendiente, relacionado con la implementación de la oralidad civil y familiar, prevista para 2026. Este informe destaca el esfuerzo conjunto por fortalecer la impartición de justicia en Nayarit, haciéndola más accesible, humana y cercana a la sociedad”, especificó Avalos Lemus. Durante la entrega formal del informe, estuvieron presentes las y los diputados de la Comisión de Gobierno, integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, así como Magistrados, Jueces e integrantes del Consejo de la Judicatura, así como funcionarios del Poder Judicial del Estado.

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