
Por un lapso de tres días, la capacitación estará a cargo del doctor Fabio Valdés Bensasson, asesor externo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y Consultor del programa de Seguridad y Justicia de la USAID.

Como parte de las acciones implementadas por el Poder Judicial en la entidad y en coordinación con el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal “ConJusticia”, la Fiscalía General de Nayarit y su SubFiscalia, este martes se dio inicio a una serie de capacitaciones para operadores jurídicos del sistema penal acusatorio, en el que participan todos los involucrados en la impartición de justicia, Magistradas y Magistrados, Jueces, Asesores, Ministerios Públicos y Defensores de oficio.

Dicho evento interinstitucional tiene como objetivo unificar criterios, buscar el diálogo en pro de un mejor desempeño y una mejor impartición y procuración de justicia.

Así lo informó en la inauguración la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrada Rocío Esther González García, ante el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano; del SubFiscal Rodrigo Benítez Pérez; de la Jueza enlace del Centro Regional de Justicia Penal, María de los Ángeles Juárez Flores; el juez Antonio Manuel González García, Coordinador de Jueces del Sistema Acusatorio Penal; del Coordinador Estatal del Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal y de la líder de Tribunales, Jorge Arzubide y Sandra Vázquez, respectivamente.

Los temas a desarrollarse por un lapso de tres días a cargo del doctor Fabio Valdés Bensasson, asesor externo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y Consultor del programa de Seguridad y Justicia de USAID, corresponden al control de detención, criterios para la prisión preventiva justificada, plazos en la etapa intermedia y criterios para autorizar acuerdos reparatorios en los delitos de abandono de familiares.

De esta manera se busca reforzar la actuación de los operadores del sistema penal acusatorio y del sistema de impartición de justicia con miras a mantener el orden público, la paz social y el estado de Derecho.
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